Noruega podría volver a invertir en fabricantes de armas nucleares. Un nuevo informe revela las condiciones

El jueves 15 de octubre, la comisión dirigida por el exgobernador del banco central Svein Gjedrem entregó al ministro de Finanzas Jens Stoltenberg un informe de 434 páginas. El documento presenta propuestas de cambios en las normas éticas del SPU, que desempeña un papel importante en la financiación del gasto público noruego. Stoltenberg informó de que el presupuesto del próximo año prevé obtener del fondo más de 600.000 millones de NOK, es decir, una cuarta parte de todos los recursos.

El Consejo deberá seguir evaluando el riesgo de que las empresas en las que invierte el SPU cometan graves vulneraciones de las normas éticas. Sin embargo, sus conclusiones no incluirán recomendaciones sobre medidas concretas, incluida la exclusión de una empresa de la cartera de inversiones. Norges Bank asumirá la elección de las medidas adecuadas. La comisión justifica el cambio por la responsabilidad integral del banco en la gestión del fondo y la aplicación de una política de inversión responsable.

El umbral para excluir empresas seguirá siendo alto. Según la propuesta, Norges Bank debería utilizar principalmente sus derechos como accionista para limitar el riesgo de nuevas vulneraciones. El banco también analizará la relación de la empresa con la vulneración. Tendrá en cuenta la probabilidad de futuras vulneraciones, el alcance de la actividad de la empresa y su disposición a introducir cambios. También serán relevantes las medidas de reparación para las personas afectadas.

El informe también prevé un cambio en las normas relativas a los fabricantes de armas nucleares. A la cartera del SPU podrían volver empresas con sede en potencias nucleares reconocidas pertenecientes a la OTAN. Se trata de compañías de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. La posibilidad de volver a invertir podría afectar a grupos como Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, BAE Systems o Airbus. Gjedrem justifica la propuesta por el cambio en la situación de seguridad, la ampliación de las fuerzas armadas noruegas y la creciente importancia del paraguas nuclear de la OTAN.

Las propuestas provocaron la oposición de algunos políticos noruegos. Kirsti Bergstø, del Partido Socialista de Izquierda (SV), y Oda Indgard, del Partido Verde (MDG), criticaron el debilitamiento del papel del Consejo y la posibilidad de invertir en fabricantes de armas nucleares. Bjørnar Moxnes, del partido Rojo (Rødt), advirtió contra la reducción de la importancia de las vulneraciones del derecho internacional en las decisiones de inversión. Henrik Asheim, del Partido Conservador (Høyre), valoró el informe de forma distinta y consideró el documento un buen punto de partida para elaborar normas previsibles de gestión del fondo.

El trasfondo de la actual disputa son las directrices éticas temporales introducidas en otoño por Stoltenberg. Después de que se retirara al Consejo el derecho a recomendar exclusiones, la jurista especializada en derecho internacional Cecilie Hellestveit renunció a su membresía como protesta. El Gobierno presentará sus propias propuestas en primavera, en un documento dirigido al Parlamento noruego.