Disputa sobre deportaciones tras condenas. Los polacos, entre los primeros puestos de un ranking poco honorable

En el centro de la disputa se encuentran las normas relativas a las personas condenadas por delitos graves. El diputado Erlend Wiborg, del Partido del Progreso (Frp), solicitó al Gobierno información sobre los extranjeros condenados en los últimos cinco años a al menos un año de prisión efectiva, así como sobre el número de personas expulsadas de este grupo. No fue posible obtener datos completos. La ministra de Justicia y Seguridad Pública, Astri Aas-Hansen, del Partido Laborista (Ap), informó de que ello requeriría analizar manualmente cada caso.

No obstante, existen otros datos disponibles. La Dirección Noruega de Inmigración (UDI) registró 3.605 casos resueltos de expulsión relacionados con delitos en un período de cinco años. En 1.611 casos se tomó la decisión de expulsar a la persona. Otros 1.994 casos concluyeron sin esa decisión. El Ministerio señala que las estadísticas se refieren al número de casos, no al número de personas únicas.

Aas-Hansen también indicó que, durante el mismo período, 1.373 extranjeros fueron condenados a al menos un año de prisión efectiva. Sin embargo, se desconoce cuántos de ellos fueron finalmente expulsados de Noruega, ya que las estadísticas disponibles no permiten vincular directamente ambas informaciones. Wiborg considera que las normas actuales son demasiado indulgentes. En su opinión, los extranjeros que cometen delitos graves deberían abandonar Noruega tras cumplir su condena.

El Frp señala las soluciones que se están preparando en Dinamarca. El Gobierno danés ha comenzado a trabajar en una reforma según la cual, por regla general, un extranjero condenado a al menos un año de prisión por delitos graves, como violencia grave o violación, sería expulsado. Wiborg quiere normas similares en Noruega. En enero, junto con la líder del Frp, Sylvi Listhaug, presentó una propuesta parecida en el Storting. Fue rechazada, entre otros, con los votos de Høyre, Senterpartiet y Ap.

Sin embargo, el Gobierno subraya las limitaciones derivadas de las normas vigentes. La expulsión debe ser proporcional y pueden tenerse en cuenta, entre otros factores, la situación familiar, los hijos, la duración de la estancia en Noruega y el hecho de haber llegado al país durante la infancia. También es importante la protección contra la expulsión a un Estado en el que la persona corre riesgo de persecución, tortura o peligro para su vida. De los 1.994 casos que concluyeron sin expulsión, 593 se referían a personas protegidas contra el retorno. El secretario de Estado Joakim Øren, de Ap, destaca que Noruega está obligada por el derecho internacional y no puede enviar a personas a lugares donde corran riesgo de sufrir un trato inhumano.

Al mismo tiempo, el Gobierno anuncia nuevos cambios relativos a los extranjeros que cometen delitos. Øren informó de que Noruega trabaja actualmente en la posibilidad de una cooperación nórdica en materia de centros de retorno, de asilo u otras soluciones en terceros países seguros. Precisamente esta dirección podría convertirse en el próximo elemento del debate noruego sobre la expulsión de extranjeros.