Disputa nocturna por el Tribunal Constitucional. Nawrocki interrumpió su viaje

El viernes por la noche, Anna Korwin-Piotrowska anunció una suspensión de un mes en el ejercicio de las funciones del presidente del Tribunal, Bogdan Święczkowski, y de su adjunto, Bartłomiej Sochański. También informó de que asumía la dirección del TC. La dirección hasta entonces cuestionó sus decisiones.

Al mismo tiempo, el fiscal general Waldemar Żurek solicitó el levantamiento de la inmunidad de ambos jueces, es decir, la autorización para exigirles responsabilidad penal. La propia solicitud no supone una declaración de culpabilidad.

Ante el edificio se reunieron políticos y partidarios de la derecha que se oponen a los cambios. También acudió la policía, que informó de que estaba asegurando la zona tras recibir un aviso sobre una amenaza para los jueces y empleados. Según informó Onet, Nawrocki llegó después de medianoche. Al entrar se produjo un forcejeo. Abandonó el edificio antes de las 5 de la mañana.

En un comunicado publicado por la Cancillería del Presidente, Nawrocki calificó los hechos como una toma por la fuerza de un órgano del Estado. Anunció consultas urgentes con representantes del Parlamento.

El Parlamento aprueba leyes, pero debe respetar la Constitución. Esta define los derechos fundamentales de los ciudadanos y las normas de funcionamiento del Estado. El Tribunal verifica si las normas aprobadas son compatibles con ella. Si determina que se ha producido una vulneración, su sentencia puede llevar a eliminar una norma del ordenamiento jurídico vigente.

Los jueces del TC son elegidos por el Sejm por un período de 9 años. Tras su elección, deben ser independientes de los políticos y evaluar las normas conforme a la Constitución. Esto también se aplica a las leyes aprobadas por la mayoría que los eligió. Estas normas están recogidas en la Constitución de la República de Polonia.

En 2026, el Sejm eligió a nuevos jueces, pero Nawrocki no tomó juramento a algunos de ellos. Por ello, prestaron juramento en el Sejm y exigieron comenzar a trabajar. El presidente y Święczkowski cuestionan la validez de este procedimiento. Por tanto, las partes del conflicto no se ponen de acuerdo ni siquiera sobre quién puede dictar resoluciones en el Tribunal. Euronews explicó el trasfondo de esta disputa.

Sin embargo, la crisis tiene una historia más larga. Una de sus fuentes fue la elección, en 2015, de jueces para plazas que ya estaban ocupadas. Posteriormente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirmó la irregularidad de dicha elección en el caso Xero Flor contra Polonia.

El Gobierno justifica las medidas actuales por la necesidad de permitir que los nuevos jueces trabajen. El presidente las considera una toma ilegal de la institución. El profesor Marcin Matczak, cuya postura fue citada por Wirtualna Polska, también critica la base jurídica para apartar a la dirección anterior. Las vulneraciones previas de la ley no determinan si la forma actual de corregir la situación cumple las normas.

La importancia de las sentencias del TC queda bien ilustrada por el caso de las mujeres nacidas en 1953 que se acogieron a una jubilación anticipada. Tras un cambio normativo, al calcular su pensión una vez alcanzada la edad ordinaria de jubilación, se deducían de la base de cálculo las cantidades de las prestaciones ya abonadas. El resultado era una pensión más baja.

El 6 de marzo de 2019, el Tribunal consideró que este mecanismo, en relación con las mujeres nacidas en 1953 incluidas en la sentencia, era incompatible con la Constitución. En 2020 se aprobó una ley que permitió recalcular las prestaciones en condiciones más favorables. El Defensor del Pueblo describe el desarrollo de este caso.

De este modo, una sentencia del Tribunal puede afectar al importe del pago mensual. Por ello, es importante que sus resoluciones sean ejecutadas por otras instituciones del Estado. Sin embargo, los acontecimientos nocturnos en sí mismos no modifican la cuantía de las pensiones.